Negociar con quien nos hundió: el error de la política de Trump hacia Venezuela

Durante años, millones de venezolanos esperamos un día que parecía imposible: que Nicolás Maduro dejara de mandar. Ese día llegó el 3 de enero de 2026. Estados Unidos capturó a Maduro en su residencia de Caracas, tras bombardeos contra instalaciones estratégicas, y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cuatro cargos por narcoterrorismo. Para muchos fue una mezcla de incredulidad, alivio y esperanza. Por fin alguien hacía algo.

Pasaron diez meses, y la pregunta incómoda es la siguiente: ¿Para qué? ¿Para que cambiara el nombre de quien está sentado en Miraflores, mientras la estructura que destruyó al país sigue intacta, ahora con el visto bueno de Washington?

Este post defiende una tesis que no es cómoda para nadie, ni para los que aplaudieron a Trump sin matices ni para los que lo odian por reflejo. La captura de Maduro fue un golpe real a un régimen acusado de narcoterrorismo. Pero lo que vino después, la decisión de negociar, gobernar de facto y hacer negocios con los herederos de ese mismo aparato, es un error estratégico y moral. Y es un error que pagaremos los venezolanos.

Lo que se prometió y lo que se hizo

Empecemos por las palabras. Tras la operación, Trump dijo que Estados Unidos iba a “dirigir” Venezuela, y habló de reconstruir. Incluso sugirió que miembros de su gabinete, como Rubio, Hegseth o Ratcliffe, “gobernarían” el país por un periodo indeterminado, y pareció descartar elecciones pronto. Era una frase inquietante para cualquiera que crea que el futuro de Venezuela lo deben decidir los venezolanos, pero al menos era clara: había un plan de tutela temporal.

Lo que no estaba claro era con quién se ejercería esa tutela. La respuesta llegó rápido y fue desconcertante. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, la funcionaria que durante años fue una de las caras más visibles del chavismo, no fue tratada como parte del problema, sino como la solución.

Fíjense en la secuencia. Primero vino la amenaza. Trump advirtió que si Rodríguez no hacía lo correcto pagaría un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro. Luego vino la normalización. En febrero, Trump anunció que Washington reconocía formalmente a Rodríguez como autoridad legítima, habló de una relación sólida con ella e incluso de una visita a Venezuela. Del “pagarás un precio” a la “relación sólida” pasaron apenas semanas. 

Una política exterior que cambia de la amenaza al abrazo sin que haya cambiado nada esencial en el comportamiento del otro no es diplomacia sofisticada. Es transaccionalismo puro: lo que importa es qué se puede obtener, no quién es el interlocutor.

Los interlocutores: ¿Quién nos gobierna hoy?

Hay una pregunta que Washington parece evitar: ¿con qué legitimidad gobierna Delcy Rodríguez?

No fue elegida. Asumió la presidencia encargada porque era la vicepresidenta de un presidente capturado, y su ascenso fue confirmado por el mismo Tribunal Supremo y los mismos mandos militares que sostuvieron a Maduro durante años. Esa confirmación llegó del Tribunal Supremo y de altos mandos militares. Es decir, la continuidad del sistema, con un cambio de cara.

La propia Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, lo ha dicho sin rodeos en varias entrevistas. Sostiene que Rodríguez fue una de las principales arquitectas del aparato opresivo de Maduro, que estuvo vinculada a sitios de tortura y que fue el principal enlace con países como Rusia e Irán. Se trata de acusaciones de la líder opositora, y como tales deben leerse. Pero no vienen de la nada: vienen de la persona que, según amplios sectores, ganó la elección presidencial de 2024 que el chavismo se negó a reconocer. 

No hace falta probar que cada funcionario del entorno de Maduro sea personalmente un narcotraficante o un terrorista para ver el problema de fondo. La acusación de Estados Unidos contra Maduro no era contra un individuo aislado; era contra un sistema de poder al que se atribuían vínculos con el narcotráfico. La oposición ha denunciado además presuntos vínculos del régimen con grupos armados y redes criminales. Cuando se habla de guerrillas como el ELN colombiano operando en territorio venezolano, o de redes de narcotráfico que prosperaron bajo protección oficial, la pregunta es obvia: ¿ese entramado desapareció el 3 de enero? ¿O simplemente sigue ahí, con los mismos funcionarios y los mismos intereses, pero ahora con un interlocutor norteamericano que los necesita para que fluya el petróleo? 

Si el argumento para derrocar a Maduro era el narcoterrorismo, resulta incoherente que la solución sea sentarse a negociar con quienes compartieron su poder durante años.

El caso de Jorge Rodríguez

Si alguien tenía dudas sobre la dirección de la política estadounidense, la última semana las disipó. El gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy e interlocutor del chavismo en el diálogo actual. 

Conviene detenerse en esto. Jorge Rodríguez no es un tecnócrata neutral. Es una de las figuras más poderosas del chavismo, el hombre que presidió una Asamblea Nacional que la oposición y buena parte de la comunidad internacional consideraron ilegítima en su momento. Las sanciones sobre él eran una de las pocas palancas de presión que quedaban. Retirarlas ahora, sin un calendario electoral, sin garantías y sin que la oposición mayoritaria esté sentada a la mesa, es regalar la palanca antes de recibir nada a cambio.

La periodista Gina Montaner lo resumió en un análisis reciente: en la práctica, la estabilización ha consistido en colocar a la dirigente chavista en Miraflores, mientras la transición está “en veremos”. Es una opinión, pero describe con precisión lo que muchos venezolanos sentimos: hemos cambiado el orden de las prioridades. Primero el petróleo y la estabilidad, y la democracia, para más adelante. 

María Corina Machado, la gran excluida

La otra cara de la moneda es el trato a quien la mayoría de los venezolanos identifica con el cambio. Trump puso en duda desde el principio que María Corina Machado tuviera suficiente respeto y apoyo dentro del país para gobernar. Y las últimas semanas han confirmado el patrón. Machado denunció en una entrevista con The New York Times que Estados Unidos la excluyó de las negociaciones para la transición, mientras la administración impulsa un diálogo entre el chavismo y un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, que incluye una reforma de la comisión electoral, aunque todavía no hay fecha de elecciones. 

Pensemos en lo que eso significa. Washington selecciona qué oposición es “apta” para sentarse con el chavismo, y deja fuera a la dirigente más votada y más reconocida internacionalmente. Cuando se le preguntó el lunes(19/10/2026) pasado si le gustaría ver unas elecciones entre Delcy Rodríguez y Machado, Trump respondió únicamente que eso sería “interesante”. Interesante. Es la palabra que se usa para un partido de tenis, no para el destino de treinta millones de personas. 

Machado, por su parte, ha mostrado una actitud más constructiva de la que sus críticos le reconocen. Ha dicho que respetará los acuerdos petroleros firmados siempre que cumplan la legislación venezolana, y que el país necesita seguridad, estabilidad y legitimidad para atraer inversión. Reconoce además el papel histórico de Trump: afirma que sin su decisión de llevar a Maduro ante la justicia no habría camino hacia una transición. Es decir, la oposición no está pidiendo que se deshaga lo hecho. Está pidiendo que se complete bien. 

Hay un dato que debería hacer reflexionar a Washington. Varios altos ejecutivos de petroleras han instado a la administración Trump a negociar también con Machado y su partido, argumentando que la oposición ganó las presidenciales previas y volvería a ganar en comicios libres, aunque esa proyección no puede darse por segura. Si hasta las empresas petroleras, que no son precisamente ONG democráticas, piden contar con la oposición, es porque entienden algo básico: la inversión a largo plazo necesita un gobierno con legitimidad, no con un decreto de conveniencia.

Petróleo primero, democracia después

Es difícil leer la política de Trump hacia Venezuela sin notar la prioridad que ocupa el petróleo. Y no es una acusación gratuita: el propio gobierno lo ha dicho. Desde el primer día, Trump afirmó que iban a “poner el petróleo a fluir”. El secretario de Estado Rubio explicó ante el Senado que los ingresos del crudo se depositarían en una cuenta bajo supervisión de Estados Unidos y que se liberarían tras aprobar presupuestos mensuales presentados por las autoridades venezolanas. Entre las exigencias a Rodríguez figuraban abrir el sector energético a empresas estadounidenses, dar acceso preferencial a la producción y usar los ingresos para comprar productos norteamericanos.

Se puede discutir si eso es razonable o no desde el punto de vista de la política exterior de un país que defiende sus intereses. Lo que no se puede es llamarlo “liberación de Venezuela”. Una cosa es que Estados Unidos busque beneficios, algo legítimo, y otra que el relato se presente como una cruzada por la libertad cuando los hechos muestran un acuerdo comercial con los administradores del statu quo.

Según Bloomberg Línea, Venezuela avanza en la apertura de sectores estratégicos a la inversión extranjera y estrecha lazos con Estados Unidos, mientras la ruta hacia una transición política sigue sin calendario electoral definido. Esa frase sintetiza el problema. La economía se abre y los contratos se firman. Las elecciones no tienen fecha. 

Existe, además, un riesgo que los venezolanos conocemos bien: el de los acuerdos firmados con gobiernos sin legitimidad. Los contratos petroleros que se firman hoy con una presidenta encargada, sin respaldo electoral y sin control parlamentario real, serán cuestionados mañana por cualquier gobierno democrático futuro. Se está construyendo sobre arena.

La incoherencia con la narrativa antidrogas

Hay un aspecto de esta política que, como bloguero, me cuesta explicar a mis lectores: la contradicción con el discurso que justificó la operación.

La narrativa oficial de Estados Unidos durante meses fue que el régimen de Maduro era una organización de narcotráfico y terrorismo que inundaba el país de droga. Con ese argumento se justificó la presión militar y, finalmente, la captura. Si eso es cierto, entonces la pregunta de seguridad más importante no es quién ocupa el despacho presidencial, sino qué pasó con la estructura criminal.

Y la respuesta es que no sabemos. No existe, hasta ahora, un desmantelamiento visible de esas redes que sirva de condición innegociable para la normalización. Lo que sí vemos es cooperación económica creciente. Un reporte reciente habla de que Washington avanza en la reorganización del gabinete de Rodríguez, el reparto de grandes yacimientos entre multinacionales y la entrega de nuevos jerarcas chavistas a la justicia estadounidense. Esa tercera pieza, la entrega de nuevos jerarcas, es la que más podría matizar mi argumento, y habrá que ver si se concreta de manera creíble. Pero incluso en el mejor de los casos, hay un patrón inquietante: se entregan algunas piezas y se protege el sistema que las produjo. 

Cuando la justicia se convierte en moneda de cambio, cuando se entrega a unos para proteger a otros, no estamos ante una política antinarcóticos. Estamos ante una gestión selectiva de riesgos.

El argumento del otro lado

Sería deshonesto presentar este tema sin reconocer lo que dicen los defensores de la política actual. Y tienen argumentos que merecen respeto.

El primero es la estabilidad. Rubio ha dicho que el objetivo final es un país amistoso, estable, próspero y democrático, con elecciones libres y justas, y que la prioridad inmediata es evitar una guerra civil y una crisis de refugiados. Venezuela ya ha expulsado a millones de personas. Un colapso institucional abrupto podría ser peor que una transición gradual y pragmática. 

El segundo son los resultados concretos. Como gesto de cooperación, Rodríguez liberó presos políticos; un grupo de derechos humanos contó 266 excarcelaciones desde enero. Esa cifra no es menor. Detrás de cada número hay una familia que recuperó a alguien. Quien critique la política actual debe reconocer que sin esa presión muchos seguirían en prisión. 

El tercero es el realismo. Un pragmático diría que el chavismo conserva el control del aparato estatal, el ejército y las armas, y que ignorarlo habría sido una receta para el caos. Negociar con quien tiene el poder real, aunque sea indeseable, es lo que hacen las potencias. Incluso un analista crítico, citado por Bloomberg Línea, sostiene que las concesiones de Rodríguez responden a la presión de Washington y son limitadas. Es decir, no se trata de que ella haya cambiado, sino de que está cediendo bajo presión. Para los defensores de la política, eso es precisamente lo que se buscaba.

¿Por qué creo que estos argumentos, siendo serios, no alcanzan?

Porque la estabilidad sin plazos se convierte en permanencia. Cada mes que pasa sin fecha electoral, el chavismo reciclado se consolida, recupera sanciones levantadas, firma contratos y gana legitimidad internacional. Una transición gradual está bien, pero necesita un cronograma verificable. Sin él, “transición” es solo el nombre amable del continuismo.

Porque las excarcelaciones son valiosas, pero son reversibles. Lo que se libera por una decisión política se puede volver a encarcelar por otra. Una reforma real se mide en instituciones: jueces independientes, un árbitro electoral creíble, una prensa libre. Y ahí la lista de pendientes sigue siendo enorme.

Y porque el realismo tiene un costo moral y práctico. Rodríguez ya dejó claro, al decir que el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, que su lealtad discursiva no está con Washington. Apostar toda la estrategia a que un gobierno chavista cumplirá lo prometido por conveniencia es apostar a que los incentivos nunca cambien. Los incentivos siempre cambian. 

Lo que Estados Unidos debería hacer

No soy ingenuo. Sé que ningún país del mundo actúa por puro altruismo, y entiendo que Washington tenga intereses energéticos y de seguridad. Pero esos intereses se defienden mejor con una política más inteligente. Estas serían, a mi juicio, las líneas mínimas:

Primero, un calendario electoral público. Antes de levantar más sanciones, antes de firmar más contratos de largo plazo, debe existir una fecha y unas condiciones: un árbitro electoral reformado de verdad, observación internacional y garantías para todos los candidatos.

Segundo, la oposición mayoritaria en la mesa. No puede ser que Washington escoja a dedo con quién negocia el chavismo. María Corina Machado y su partido deben estar presentes, como mínimo para que el resultado tenga legitimidad.

Tercero, sanciones como palanca, no como moneda. Cada alivio debe estar atado a avances verificables: liberación completa de presos políticos, regreso de exiliados, apertura de medios, desmantelamiento comprobable de las redes criminales. Levantar sanciones por adelantado es renunciar a la única herramienta que funciona.

Cuarto, coherencia con la narrativa antidrogas. Si el problema era el narcotráfico, que haya resultados mensurables en ese frente, con investigaciones independientes y no solo con entregas selectivas de figuras convenientes.

Quinto, transparencia con los ingresos petroleros. Si el dinero del crudo pasa por cuentas supervisadas, que se sepa a dónde va, y que el destino final sea el bienestar de los venezolanos, no la caja de quienes nos gobiernan sin haber sido elegidos.

Conclusión: una oportunidad que se está desperdiciando

La captura de Maduro abrió una ventana que Venezuela no había tenido en veinticinco años. Esa ventana no durará para siempre. Cada día en que se consolida un acuerdo entre Washington y los herederos del chavismo sin un cronograma democrático, la ventana se estrecha un poco más.

Quienes vivimos en Venezuela, o tenemos familia allí, sabemos lo que significa esperar. Hemos esperado elecciones libres, hemos esperado justicia, hemos esperado que los que se enriquecieron con el sufrimiento del país rindan cuentas. Lo que no deberíamos aceptar es que nos digan que esa espera se justifica porque el petróleo fluye y los barriles llegan a Houston.

La política de Trump hacia Venezuela puede todavía corregirse. Pero para eso hace falta reconocer el error central: no se construye una Venezuela democrática pactando con quienes la destruyeron, ni se combate el narcoterrorismo haciendo negocios con su entorno. La estabilidad es importante, pero una estabilidad que se parece demasiado a la dictadura anterior no es una victoria. Es solo una derrota con mejor imagen.

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Los defensores añadirían que la presión continúa, que Trump ha dicho que el resultado no está cerrado y que un cambio brusco podría ser más peligroso que uno gradual. Dos precisiones sobre los hechos: las acusaciones de narcoterrorismo del Departamento de Justicia de EE.UU. son contra Maduro, y los vínculos con el ELN y otras redes criminales son denuncias de la oposición y de analistas, no sentencias judiciales. 

Pero no hay duda de una verdad absoluta: el dinero para Trump esta por encima del bienestar de un pueblo. Simple como eso.

Escritor de Letras